Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 23 de septiembre del 2026.- En el marco de los señalamientos políticos en torno al combate a la corrupción y la rendición de cuentas, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron presuntas irregularidades y manipulación en la declaración patrimonial del almirante Rafael Ojeda, ex titular de la Secretaría de Marina (Semar) durante la administración pasada.
Durante posicionamientos públicos emitidos este lunes, el diputado federal Federico Döring Casar y la diputada local América Rangel Lorenzana cuestionaron la congruencia entre los ingresos declarados por el exfuncionario y las acusaciones que pesan sobre el manejo de aduanas marítimas durante su gestión, vinculadas al esquema de contrabando de combustibles conocido como «huachicol fiscal».
Döring Casar calificó el ejercicio de transparencia como inverosímil, al asegurar que la información presentada omite la dimensión real de los recursos bajo sospecha. Asimismo, el legislador federal aseveró que las instancias de procuración de justicia y control institucional han actuado con lentitud y parcialidad frente a las indagatorias que involucran a exfuncionarios de la administración anterior.
En el mismo sentido, el diputado sostuvo que la credibilidad pública del exsecretario de Marina solo podrá restablecerse una vez que acuda a desahogar los requerimientos del Poder Judicial y a sostener un careo procesal con los implicados en los juzgados correspondientes, señalando que la falta de notificaciones efectivas por parte de las instancias gubernamentales ha retrasado el proceso.
Por su parte, la diputada América Rangel amplió las críticas al señalar que los esquemas de presunta protección política y opacidad patrimonial se extienden a diversas figuras de la administración pública, comparando el caso con otros señalamientos de enriquecimiento y uso de recursos de procedencia ilícita atribuidos a redes de complicidad política y empresarial tejidas en sexenios pasados.
Los legisladores panistas concluyeron exigiendo una revisión exhaustiva, independiente y sin sesgos políticos por parte de las autoridades competentes para esclarecer la ruta del dinero y deslindar responsabilidades en torno a las operaciones financieras irregulares denunciadas en el sector energético y aduanal.
