Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 23 de septiembre del 2026.- La arquitectura financiera del crimen organizado vuelve a quedar al descubierto tras las recientes indagatorias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que a través de la OFAC identificó una red de gasolineras y empresas fachada presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El informe expone un esquema sistemático donde el huachicol y el combustible de contrabando se mezclan con la legalidad mercantil bajo el amparo del anonimato y la protección de prestanombres.
El núcleo de la indagatoria apunta a que las operaciones comerciales no se registran a nombre de las cabecillas del cártel, sino bajo las razones sociales de familiares, parejas o colaboradores cercanos. Este mecanismo busca evadir la fiscalización y entorpecer el rastreo de los recursos ilícitos:
En Veracruz, la red atribuida a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, utilizaba depósitos de gran capacidad para almacenar combustible extraído de tomas clandestinas, distribuyéndolo a través de 11 estaciones de servicio bajo marcas comerciales como G Energy (perteneciente a Etanofuel, S.A. de C.V.) y otras razones sociales como Rapicombustibles y Magnocombustibles. No obstante, los registros mercantiles revelan la complejidad de comprobar vínculos directos, al no figurar apellidos de los operadores en las actas constitutivas.
En Jalisco, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, fue vinculado con la gasolinera Petrocoda, la cual operaba formalmente bajo la titularidad de allegados como su prima Areli Medina Flores y su socio Gabriel Serrano Magaña, formando parte de un paquete de sanciones que castiga a más de 50 entidades y personas físicas ligadas a la estructura financiera del grupo delictivo.
En Michoacán, el rastro se centró en Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, vinculando a Gasolineras HG a partir de la detención de familiares y su pareja sentimental, aunque con la salvedad de que las autoridades aún no formalizan una acusación directa sobre esta razón social como parte del aparato financiero del cártel.
La revelación de la OFAC pone de relieve una crítica profunda a los mecanismos de control interno y fiscalización en México. Mientras las agencias estadounidenses logran documentar flujos de capital, triangulaciones y la inserción masiva de hidrocarburos de procedencia ilícita —que incluye tanto el robo local por tomas clandestinas como esquemas transfronterizos de contrabando y evasión de impuestos—, las estructuras de supervisión comercial y antilavado nacionales operan con lentitud y opacidad.
El uso de empresas fachada y la opacidad en los registros corporativos demuestran que el lavado de dinero en el sector energético minorista continúa siendo una vía altamente rentable y de baja fricción para las organizaciones criminales, evidenciando los retos pendientes en materia de procuración de justicia y transparencia patrimonial en el país.
