Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 3 de julio del 2026.- El gobierno de Sinaloa enfrenta un nuevo cuestionamiento sobre la transparencia y la legalidad de sus operaciones financieras. Documentos internos de la constructora pública estatal, Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa (Preecasin), revelan que esta dependencia realizó transferencias a Ahavat Logistics Solution, una empresa recientemente señalada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de una red de contrabando de combustible y lavado de dinero vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la información consultada, Preecasin efectuó tres pagos a favor de Ahavat entre el 4 y el 23 de abril de 2024, sumando un total de 678 mil 900 pesos. Estos movimientos financieros despiertan serias interrogantes por las siguientes razones:
Ahavat Logistics Solution no figura en el padrón de proveedores ni en el sistema Compranet del Gobierno de Sinaloa, lo que imposibilita localizar contratos, licitaciones o adjudicaciones que justifiquen los desembolsos.
En los archivos internos de Preecasin, las transferencias fueron etiquetadas únicamente bajo el concepto genérico de «pago de factura», sin detallar el bien o servicio adquirido por el Estado.
El pasado 30 de junio de 2026, la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) incluyó a Ahavat y a su dueño, J. Refugio Ruiz Villagómez, en su lista de personas y entidades sancionadas. Las autoridades estadounidenses acusan a la empresa —y a su vinculada, Jomadi Logistics & Cargo— de contrabandear combustible y realizar transacciones millonarias en dólares con terceros relacionados con el CJNG.
Es relevante mencionar que el domicilio fiscal reportado por Ahavat como contratista coincide con la sede de Jomadi en Guadalajara, empresa que ya contaba con antecedentes de investigaciones por tráfico de combustible desde 2020.
Estos hechos ocurren bajo la administración de Rubén Rocha Moya, quien recientemente solicitó licencia al cargo tras señalamientos de la fiscalía estadounidense por presuntos nexos con la facción de «Los Chapitos». La revelación de estos pagos subraya una preocupante falta de mecanismos de control en las finanzas de organismos ejecutores de obra pública, los cuales, al operar fuera de los sistemas oficiales de transparencia, terminan canalizando recursos públicos hacia estructuras ligadas al crimen organizado.
Hasta el momento, ni Preecasin ni el Gobierno de Sinaloa han ofrecido una aclaración pública sobre la naturaleza de estas transacciones con una empresa señalada por el gobierno estadounidense.
