Por Redacción

Ciudad de México., a 6 de junio del 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha negado tener conocimiento oficial sobre la supuesta revocación de visas y la existencia de investigaciones en Estados Unidos contra los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.

El secretario de Relaciones Exteriores,12Roberto Velasco, aclaró en conferencia de prensa que el gobierno mexicano no ha recibido ninguna notificación, oficial o extraoficial, por parte de las autoridades estadounidenses referente a medidas migratorias o expedientes abiertos contra ambos mandatarios estatales. Velasco reiteró que, de existir tales acciones, correspondería exclusivamente al gobierno de Estados Unidos confirmarlas.

Esta postura responde a los informes publicados por el diario Los Angeles Times, los cuales vinculan a Durazo y Villarreal con presuntas indagatorias en territorio estadounidense por supuestos nexos con el crimen organizado y el robo de combustible. Ante estos señalamientos, tanto el gobierno de Sonora como el de Tamaulipas han rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de falsas y carentes de sustento.

Más allá de la negativa oficial, la polémica pone de manifiesto la creciente presión que enfrenta el funcionariado mexicano frente a las autoridades estadounidenses. Este escenario se inscribe en un periodo marcado por el escrutinio internacional hacia figuras políticas de alto nivel en México.

La controversia sobre las visas de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas ocurre en un clima de tensión diplomática, exacerbado por acciones recientes de Washington contra otros funcionarios mexicanos, como el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también ha sido señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La falta de claridad sobre la veracidad de estas investigaciones —y el contraste entre las versiones periodísticas y el silencio oficial de las autoridades estadounidenses— profundiza la incertidumbre sobre la estabilidad en la relación institucional y el impacto que estos señalamientos tienen sobre la clase política mexicana.

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