Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 13 de octubre del 2026.- El gobierno de Estados Unidos mantuvo a México en el Nivel 2 dentro de su informe anual sobre trata de personas, una categoría que reconoce los esfuerzos gubernamentales, pero advierte que el país sigue sin cumplir plenamente con los estándares mínimos necesarios para erradicar este delito. Aunque se registró un incremento en el número de procesos penales y condenas de traficantes durante el periodo evaluado, el documento pone al descubierto deficiencias estructurales graves que impiden una respuesta efectiva del Estado.
Durante 2025, las autoridades mexicanas informaron sobre la investigación de 489 casos a nivel estatal y federal, el inicio de procesos contra 268 sospechosos y la condena de 124 traficantes (85 por trata sexual y 39 por trata laboral). Sin embargo, el informe destaca un dato alarmante: las autoridades investigaron menos casos en comparación con el año anterior, cuando se contabilizaron 661 expedientes.
Uno de los puntos más críticos señalados es el freno en la persecución interna. A diferencia del periodo previo, las autoridades no procesaron ni condenaron a ningún funcionario gubernamental cómplice, a pesar de que la corrupción y la complicidad siguen obstaculizando la acción policial, registrándose únicamente la investigación de un miembro de las fuerzas armadas por presunta trata sexual. Asimismo, se evidenció que los jueces recién elegidos y los policías no especializados carecen de capacitación adecuada, lo que frecuentemente lleva a reclasificar los delitos bajo estatutos más leves.
Si bien el gobierno reportó la identificación de 1,743 víctimas (un incremento respecto a las 860 reportadas en 2024), los servicios de atención integral continúan siendo insuficientes y desiguales en el territorio nacional.
- Carencia de albergues: Los recursos destinados a la protección son limitados, existiendo apenas 14 albergues especializados en todo el país. Además, se detectó una severa escasez de espacios que acepten a hombres o a niños mayores de 16 años.
- Revictimización y trabas: La derivación de las víctimas depende en gran medida de la discreción fiscal y de la presentación obligatoria de una denuncia. Expertos señalaron que las autoridades con frecuencia no realizan pruebas de detección oportuna entre poblaciones vulnerables como migrantes, solicitantes de asilo o menores detenidos.
- Fondo de compensación incompleto: Aunque se promulgaron enmiendas para reforzar el derecho a demandas civiles y se otorgaron compensaciones financieras a 71 víctimas, la ley federal sigue sin consolidar el fondo obligatorio previsto para cubrir indemnizaciones inalcanzables para los traficantes.
El informe detalla que los cárteles del narcotráfico y organizaciones criminales internacionales —como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Tren de Aragua— explotan sistemáticamente a mexicanos y extranjeros mediante la coerción, el endeudamiento por drogas y la extorsión. Entre los sectores más expuestos destacan:
- Migrantes y solicitantes de asilo: Frecuentemente secuestrados por grupos criminales en las rutas migratorias, especialmente en el sur del país, para exigir rescates o someterlos a trabajos forzados.
- Trabajadores agrícolas: Cientos de jornaleros quedan atrapados en redes de explotación laboral debido a la falta de regulación efectiva sobre reclutadores informales o «enganchadores» que imponen cobros ilegales, deudas y retención de salarios.
- Menores y mujeres: La trata sexual infantil mantiene una alta prevalencia, destacando casos en Tlaxcala con complicidad familiar, además del uso creciente de redes sociales, inteligencia artificial (deepfakes) y criptomonedas para el reclutamiento y lavado de dinero.
- Trabajadores extranjeros bajo acuerdos bilaterales: El documento señala la vulnerabilidad de los trabajadores cubanos bajo el convenio de cooperación en salud, cuyos pagos institucionales se canalizan a través del régimen extranjero, exponiéndolos a la confiscación de salarios y castigos arbitrarios.
La persistencia de estas fallas estructurales demuestra que, más allá de las cifras de condenas, el Estado mexicano enfrenta un reto monumental para desmantelar las redes de complicidad oficial y garantizar una protección real a las víctimas de la trata.
