Por: La Redacción.
Durango, Dgo., a 13 de octubre del 2026.- Las familias de los cinco recién nacidos fallecidos en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango escalarán sus exigencias al plano federal. Acompañadas por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados Capítulo Durango, las víctimas acudirán a la Ciudad de México para sostener una reunión presencial con el director general del instituto, Zoé Robledo, y presentar una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El representante legal de los afectados, Fermín Flores Ayala, detalló que la queja ante la CNDH buscará determinar las violaciones a los derechos humanos y la violencia obstétrica en la que incurrió el personal de la institución pública. Este procedimiento correrá en paralelo a las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR), los procesos administrativos del Órgano Interno de Control y las indagatorias clínicas tras la exhumación de los cuerpos de los menores.
Como resultado de las omisiones, el desinformación y los maltratos sufridos desde las áreas de seguridad hasta el personal médico, las familias impulsan la creación e implementación del denominado Protocolo Durango a nivel nacional. La iniciativa busca garantizar medidas de contención emocional, acompañamiento psicológico, trato digno y comunicación clara para familiares de pacientes en cuidados intensivos.
Asimismo, el proyecto contempla impartir por primera vez un diplomado obligatorio en tanatología dirigido al personal médico del IMSS, con el objetivo de dotar a los profesionales de herramientas para comunicar noticias críticas con sensibilidad humana. Pese a que la primera audiencia con las autoridades federales se realizó de manera remota debido a «complicaciones logísticas y la situación sindical», los padres esperan fijar fecha para el encuentro presencial en la capital del país.
El caso de la muerte de los recién nacidos en el IMSS Durango expone fallas estructurales e institucionales que van más allá de una lamentable negligencia médica:
La destitución de la delegada del IMSS en Durango y los cambios administrativos no garantizan por sí solos la no repetición de la tragedia ni eximen de responsabilidad penal a los involucrados. Pretender cerrar el conflicto con relevos de mandos medios sin esclarecer las causas científicas de los decesos perpetúa la impunidad en el sistema de salud pública.
La propuesta de capacitar a médicos en tanatología y trato humano es una medida necesaria pero reactiva. Revela que el IMSS carece de protocolos básicos de atención humanizada en áreas críticas como cuidados intensivos neonatales, donde la violencia obstétrica y el burocratismo suelen agravar el luto de los usuarios.
El enérgico llamado de los padres a los partidos políticos para frenar la politización del caso pone al descubierto la práctica recurrente de utilizar tragedias humanas como insumo de confrontación partidista. Mientras la controversia mediática entorpece el duelo de las familias, la prioridad de las autoridades debe centrarse en el esclarecimiento de los hechos, el castigo a los responsables directos y la garantía de no repetición.
