Por Sandra Dueñas Monárrez.

Chihuahua, Chih., a 19 de octubre del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, confirmó la ejecución de una orden de aprehensión federal en contra del exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

La investigación federal sostiene que el exfuncionario coordinó un operativo sin atribuciones constitucionales, omitió informar a la Federación y colaboró de manera irregular con personal de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.

De acuerdo con el mensaje oficial emitido por la titular de la FGR, la causa penal se fundamenta en más de cien actos de investigación de gabinete y campo tras los hechos ocurridos entre el 17 y 19 de abril de 2026 en la comunidad El Pinal, municipio de Morelos, donde posteriormente se aseguró un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

Para la instancia federal, el eje central del caso no radica únicamente en el decomiso del narcolaboratorio, sino en la grave violación a la soberanía nacional perpetrada desde la procuración de justicia estatal. La indagatoria detalla que agentes extranjeros ingresaron en múltiples ocasiones y sin justificación legal a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), áreas consideradas de seguridad nacional exclusiva de la Federación.

El sigilo del operativo se vino abajo tras un trágico accidente automovilístico ocurrido al descender de la sierra, el cual costó la vida a dos servidores públicos de la fiscalía chihuahuense y a dos ciudadanos estadounidenses.

La FGR estableció que la fiscalía local carecía de facultades para realizar dichas acciones y omitió abrir una carpeta de investigación previa, a pesar de que el propio Jáuregui Moreno alardeó públicamente que el despliegue fue producto de meses de planeación conjunta entre la AEI y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.

La Ley de Seguridad Nacional prohíbe expresamente a las entidades federativas asumir competencias reservadas al Estado mexicano o transferir potestades públicas a agencias extranjeras. El exfiscal es señalado de haber omitido alertar oportunamente a las autoridades federales sobre la participación de los agentes extranjeros, notificando de manera precipitada solo después de los hechos, lo que configura un atentado directo contra el pacto federal y la división de poderes.

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