Por: La Redacción.
Washington, D.C., a 3 de octubre del 2026.- En un movimiento que consolida la política de proteccionismo laboral y la reestructuración del sistema migratorio de Estados Unidos, el presidente Donald J. Trump firmó la extensión de la Proclamación 10973, prolongando por 12 meses adicionales —hasta el 21 de septiembre de 2027— la restricción de entrada para trabajadores extranjeros bajo el programa de visas H-1B.
La medida mantiene como filtro central el pago obligatorio de una tarifa sancionatoria de $100,000 dólares por cada petición de trabajador no inmigrante que se encuentre fuera de territorio estadounidense, un costo que debe ser absorbido por los empleadores antes del procesamiento consular.
El decreto presidencial expone con números oficiales el impacto del cerco financiero implementado desde septiembre de 2025. De acuerdo con el balance del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las mayores empresas de personal y subcontratación de Tecnologías de la Información (TI) registraron un desplome del 92% en sus peticiones H-1B, al pasar de 24,946 a solo 2,055 inscripciones. Asimismo, las solicitudes de procesamiento consular cayeron casi un 97% entre los ciclos fiscales 2025 y 2027.
La Casa Blanca argumenta que el programa original fue «explotado» para suprimir salarios y desplazar a profesionales locales, particularmente en áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Para frenar la entrada de perfiles de nivel básico con bajos ingresos, el DHS implementó además un esquema de selección ponderada que prioriza los salarios más altos y los grados académicos avanzados (maestrías o doctorados obtenidos en EE. UU.), los cuales pasaron de representar el 45.1% al 66.1% de los registrados elegidos.
A pesar de que más de 700 solicitudes han pagado la cuota de $100,000 dólares desde la entrada en vigor de la medida, el gobierno norteamericano reconoce que las condiciones de tensión en su mercado laboral persisten. El documento oficial fundamenta la prórroga en las cifras de desempleo de recién graduados universitarios en EE. UU. (situada en 5.7% a junio de 2026) y en una tasa de subempleo que alcanza el 42%.
Sin embargo, el decreto presidencial deja al descubierto una paradoja estructural: mientras la administración bloquea el flujo de talento técnico bajo el argumento de proteger el empleo local, las corporaciones globales continúan subcontratando servicios hacia mercados laborales más competitivos en el extranjero. La imposición de barreras de $100,000 dólares no frena la deslocalización del trabajo, sino que desincentiva la radicación física e integración de capital humano especializado dentro de Estados Unidos, reconfigurando la migración calificada global.
