Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 13 de octubre del 2026.- En respuesta a la reciente escalada de violencia y masacres registradas dentro del sistema penitenciario del país —como el trágico choque armado en el penal de Mazatlán que dejó 12 muertos—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunciaron la construcción de seis nuevos centros penitenciarios de alta seguridad.
El proyecto contempla una capacidad conjunta para albergar a 18,480 personas privadas de la libertad y se desarrollará en los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit, Estado de México, Chiapas y Veracruz, proyectando su conclusión para el año 2028. La primera de estas obras iniciará en Sinaloa, con una infraestructura diseñada para 2,640 internos financiada con recursos 100% federales, eliminando el esquema de concesiones a empresas privadas aplicado en administraciones anteriores.
Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre, la mandataria nacional defendió la medida argumentando que desde el inicio de su administración se han realizado cerca de 70,000 detenciones, lo que ha generado una presión insostenible sobre la capacidad instalada. “No podemos permitir la sobrepoblación, primero por derechos humanos y segundo por seguridad, porque el hacinamiento genera problemas”, sostuvo Sheinbaum Pardo.
Por su parte, García Harfuch detalló que los nuevos complejos contarán con sistemas de monitoreo permanente, inspección electrónica y bloqueo efectivo de señales de telefonía celular, buscando frenar de tajo las extorsiones y la operación de bandas criminales desde las celdas. Pese a estas medidas de contención, el titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Jacobo Olaf Rodríguez García, reconoció que la infraestructura por sí sola no resolverá la crisis y adelantó la revisión de esquemas legales para preliberar a procesados por delitos menores, particularmente en zonas de alta saturación como el Estado de México.
Si bien la inversión en infraestructura penitenciaria es una demanda añeja ante el colapso del sistema penal en México, el anuncio gubernamental plantea serios cuestionamientos sobre la sostenibilidad y eficacia de la estrategia, donde de nada servirá equipar los nuevos penales con inhibidores de señal de última generación e inspección electrónica si no se depuran las cadenas de mando y el personal de custodia. Casos como el de Mazatlán —donde ingresaron armas cortas calibre 9 mm sin que los filtros detectaran nada— demuestran que el problema de fondo no es la falta de tecnología, sino el autogobierno y las redes de complicidad internas.
Prometer penales listos para 2028 no resuelve el descontrol actual que viven los reclusorios estatales en este momento, donde la población civil y las familias de los internos continúan expuestas a balaceras y motines.
El argumento de que 70,000 detenciones justifican más cárceles refleja la continuidad de una política punitiva que privilegia la prisión preventiva antes que la eficiencia en las investigaciones fiscales. Construir más celdas corre el riesgo de convertirse en un incentivo para seguir llenando prisiones sin resolver el rezago de sentencias.
