Por: La Redacción.
Nuevo León., a 22 de septiembre del 2026.- Frente a la nueva embestida legal encabezada por operadores y legisladores de Morena, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, optó por la desestimación política. Calificó los señalamientos en su contra como un “refrito” electoral y aseguró que las acusaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito y peculado ya fueron investigadas y cerradas por las instancias federales correspondientes.
La confrontación escaló luego de que un bloque de militantes guindas acudiera formalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR para denunciar al mandatario estatal, a su esposa Mariana Rodríguez, a su padre y al secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna. La querella sostiene que hubo una presunta triangulación de recursos públicos a través de proveedores hacia un despacho vinculado al círculo emecista.
En su visita a la Ciudad de México, García Sepúlveda restó peso al recurso legal y atribuyó la acción a la desesperación partidista ante los escenarios de competencia política.
“No tengo más que sonreírles porque son refritos de 2021 y 2022. Ya hay no ejercicios, ya lo saben ellos mismos. Yo creo que ya es pura politiquería en el estado”, expresó el gobernador, aludiendo a que la FGR ya habría determinado con anterioridad la inexistencia de irregularidades en los expedientes que hoy se vuelven a poner sobre la mesa.
Asimismo, el titular del Ejecutivo estatal desvió la atención hacia los frentes de gestión administrativa, asegurando que su administración se mantiene enfocada en consolidar indicadores de desarrollo y cerrar el ciclo gubernamental con resultados tangibles frente a sus antecesores. A juicio del mandatario emecista, reciclar expedientes antiguos responde a una estrategia de desgaste ante la caída de sus adversarios en las preferencias públicas.
El choque pone de relieve el uso recurrente de los aparatos de procuración de justicia como arenas de disputa política. Mientras la oposición busca mantener vivo el flanco de la fiscalización y la rendición de cuentas —aprovechando los ecos de los frentes legislativos locales—, el bloque en el poder local replica blindándose bajo el argumento de la cosa juzgada, transformando cada trámite ministerial en un episodio más de la disputa por el control político de Nuevo León de cara al cierre de administración.
