Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 20 de septiembre de, 2026.- Ante el rezago legislativo en la dictaminación de iniciativas clave, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República emitió una excitativa formal dirigida a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, con el fin de acelerar el proceso sobre el proyecto que busca prohibir el uso de dispositivos móviles en las escuelas de educación básica del país.
La propuesta, originalmente presentada el 10 de diciembre de 2025 por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo (PT), plantea reformar el artículo 84 de la Ley General de Educación. El objetivo central es restringir el uso de teléfonos celulares, tabletas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo personal durante toda la jornada escolar, contemplando excepciones únicamente para casos de emergencia o necesidades educativas especiales.
Asimismo, el proyecto estipula que sean los directivos y el personal docente quienes retengan los aparatos electrónicos de las y los alumnos al inicio de la jornada para devolverlos al concluir las actividades escolares.
Durante la sesión del pasado 14 de septiembre, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, dio cauce a la solicitud del promovente al emitir la «atenta excitativa» que obliga a las comisiones involucradas a posicionarse y presentar el dictamen correspondiente.
Desde el plano argumentativo, la iniciativa defiende que la restricción no responde a una medida de carácter arbitrario, sino a la urgente necesidad de atender la evidencia científica disponible. Diversos estudios han advertido que el uso indiscriminado de pantallas en las aulas fragmenta la capacidad de atención, satura la memoria de trabajo, merma el rendimiento académico y deteriora la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Si bien la medida impulsada en el Senado sintoniza con las crecientes alertas globales sobre el impacto de la hiperconectividad temprana en el desarrollo cognitivo y emocional de la infancia —medidas que ya se implementan o debaten en diversos países—, la discusión abre un profundo debate sobre su viabilidad práctica y operativa en el sistema educativo mexicano.
El éxito de una eventual prohibición de esta magnitud no dependerá únicamente de la modificación a la Ley General de Educación, sino de la capacidad real de los planteles escolares y del cuerpo docente para gestionar la retención y resguardo seguro de miles de dispositivos, así como de evitar la creación de tensiones innecesarias entre padres de familia y escuelas.
Más allá de vetar las pantallas en las aulas, el reto de fondo para el Estado mexicano radica en acompañar la regulación con capacitación docente y estrategias pedagógicas claras, garantizando que el espacio escolar se convierta en un entorno libre de distracciones digitales, pero sin trasladar toda la carga logística y de vigilancia exclusivamente a las espaldas de las maestras y maestros.
