Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 29 de septiembre del 2026.- Con una votación dividida de 86 votos a favor y 42 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó una reforma constitucional de alto impacto político: impedir que quienes aspiren a la Presidencia de la República, a las gubernaturas estatales o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México cuenten con doble nacionalidad. La minuta, que modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Carta Magna, fue remitida a los 32 congresos locales para cumplir con el proceso del Constituyente Permanente.
La aprobación desató un tenso debate en la cónclave legislativa sobre los límites del patriotismo, los derechos de la comunidad migrante y el uso de la Constitución como un filtro de selección política con miras a los próximos procesos electorales.
La discusión en la Cámara Alta expuso posturas encontradas sobre el alcance de la lealtad patria y los derechos de la población binacional:
El bloque oficialista (Morena-PVEM-PT) argumentó que la medida busca garantizar una «nacionalidad única» e indivisible para las altas responsabilidades del Ejecutivo, evitando injerencias de intereses extranjeros en la toma de decisiones estratégicas. Senadores de la mayoría rechazaron que se busque criminalizar a la diáspora, insistiendo en que el dictamen no retira la nacionalidad a ningún ciudadano, sino que establece un requisito de elegibilidad para gobernar.
En tanto que la oposición (PAN-PRI-MC) y bancadas independientes denunciaron que la reforma vulnera el principio de igualdad y crea «mexicanos de primera y de segunda». Legisladores de la minoría advirtieron que la norma castiga a la comunidad migrante y a sus descendientes nacidos en el extranjero, etiquetándolos bajo una sospecha implícita de «deslealtad» o soberanía dividida por el simple hecho de poseer un documento oficial emitido por otro país.
Más allá del discurso legislativo sobre la protección de la soberanía nacional, la reforma deja al descubierto varios focos de análisis constitucional y estratégico debido a que la imposición de renunciar a una segunda nacionalidad para acceder a cargos de elección popular contraviene criterios internacionales sobre derechos políticos y no discriminación.
Es decir que al limitar el derecho a ser votado, la norma abre la puerta a una lluvia de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y tribunales internacionales una vez promulgada.
Asimismo, el mensaje enviado a los más de 30 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos es contradictorio. Mientras el Estado celebra el flujo récord de remesas como pilar económico, les cierra el paso a la máxima aspiración de representación política en su país de origen o en sus estados natales.
Con la aprobación de la mayoría calificada en el Senado, el proyecto depende ahora del aval de al menos 17 congresos estatales. Dada la hegemonía del oficialismo en la mayoría de las legislaturas locales, se prevé un trámite fast-track para consumar la modificación constitucional antes de que arranque el próximo ciclo electoral.
La reforma a los artículos 82, 116 y 122 constitucionales reelabora las reglas del juego para el acceso al poder en México, abriendo un debate definitivo sobre si la lealtad a la patria se mide en términos jurídicos o en el compromiso con el servicio público.
