Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 29 de septiembre del 2026.- Ante la cifra oficial que supera las 132 mil personas no localizadas en el país, legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) demandaron al Gobierno Federal y al gabinete de seguridad replantear la estrategia nacional contra la desaparición forzada. La exigencia se da tras la presentación del informe de labores de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el cual la oposición señaló la ausencia de un reconocimiento explícito sobre la magnitud de esta crisis humanitaria y la falta de un mensaje de respaldo hacia las brigadas y colectivos de madres buscadoras.
La propuesta legislativa plantea que el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2027 incorpore partidas presupuestales etiquetadas para fortalecer las labores de inteligencia, crear una brigada especial de búsqueda de personas y asignar subsidios para viáticos e insumos operativos destinados a los colectivos de familiares que realizan labores de campo en el país.
Las críticas de la bancada blanquiazul se centraron en la disparidad entre la narrativa oficial y los recientes hallazgos en las entidades federativas como las ocurridas en Michoacán y el diagnóstico de la ONU.
La diputada local Laura Álvarez Soto cuestionó el actuar de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y del gobierno estatal tras la localización de una fosa clandestina por parte de colectivos independientes, donde se reportó el hallazgo de restos óseos pertenecientes a menores de edad. De acuerdo con la legisladora, las autoridades locales han intentado matizar la gravedad del hallazgo mediante comunicados oficiales, contraviniendo el derecho a la verdad de las víctimas.
La oposición recriminó que la administración federal desestime las observaciones e informes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtiendo que la negación de los indicadores sobre impunidad y violencia impide articular una respuesta institucional eficaz.
El pronunciamiento del PAN visibiliza deficiencias estructurales en el sistema de búsqueda y procuración de justicia, pero también deja en evidencia las dinámicas del debate partidista frente a la crisis de desapariciones:
- Dependencia del presupuesto para 2027: Aunque la exigencia de dotar de recursos a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y a los colectivos ciudadanos es una demanda histórica de las familias, condicionar estas asignaciones hasta la discusión presupuestal del próximo ciclo fiscal alarga la desatención operativa que sufren las fiscalías locales y las comisiones estatales en el corto plazo.
- Invisibilización en el discurso oficial: La omisión del tema en las rendiciones de cuentas públicas refuerza la percepción de desden hacia las víctimas. Sin embargo, la crítica opositora corre el riesgo de reducirse a la confrontación mediática si no se acompaña de iniciativas de ley concretas para reformar los servicios periciales, combatir la crisis forense que acumula miles de cuerpos sin identificar y sancionar la colusión de autoridades locales con grupos del crimen organizado.
- El reto de la coordinación interinstitucional: La propuesta de crear un «frente común» entre la Federación y las entidades federativas tropieza con la falta de homologación en las bases de datos de personas desaparecidas y la desconfianza reiterada de las familias hacia los aparatos de inteligencia estatal, los cuales históricamente han sido señalados por la opacidad en el manejo de cifras.
La crisis de desapariciones en México permanece como uno de los pasivos más graves en materia de derechos humanos, donde la falta de consenso entre las fuerzas políticas y la negación de la realidad delictiva continúan postergando la respuesta integral que demandan miles de familias en todo el país.
