Por: Redacción.
Chihuahua, Chih., 9 de octubre de 2026.- Una nueva tragedia sacude el sistema penitenciario de Sinaloa. Un enfrentamiento armado al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en el municipio de Mazatlán, dejó un saldo confirmado de 10 personas muertas y 16 heridos. La matanza, ocurrida en pleno día de visita familiar, cobró la vida de nueve internos y de un niño de apenas dos años de edad que se encontraba en el recinto.
De acuerdo con los reportes oficiales, las detonaciones de arma de fuego iniciaron en el módulo cuatro y rápidamente se extendieron hacia el módulo cinco, lo que obligó a la activación de los protocolos de emergencia y a un despliegue masivo de fuerzas federales y estatales —incluyendo al Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y policías locales— para retomar el control del reclusorio.
Tras los hechos, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, apresuró declaraciones para descartar la irrupción de un comando armado desde el exterior, asegurando que se trató exclusivamente de un choque entre bandas rivales de internos. Asimismo, confirmó el aseguramiento de dos armas cortas calibre 9 milímetros utilizadas en la agresión.
Sin embargo, la postura institucional evita abordar el problema de fondo: la porosa bioseguridad y el autogobierno que imperan en la prisión. La presencia de armas de fuego de uso exclusivo en manos de la población penitenciaria evidencia graves cadenas de complicidad, omisión y corrupción en los filtros de acceso e inspección de la dirección del penal.
La muerte del menor de dos años en una zona que debió estar blindada para la convivencia familiar pone al descubierto la absoluta falta de garantías de seguridad para los visitantes. Aunque la dirección de la cárcel determinó suspender las visitas familiares «hasta nuevo aviso» como medida preventiva, la acción resulta tardía e insuficiente frente a un patrón sistémico de violencia e impunidad dentro de las cárceles sinaloenses.
El caso ya fue remitido a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para el deslinde de responsabilidades. No obstante, más allá de las investigaciones administrativas sobre el ingreso del armamento, el choque armado en El Castillo confirma que las cárceles de la entidad continúan funcionando como centros de operación y enfrentamiento del crimen organizado, donde la autoridad estatal ha delegado el control efectivo a los propios reclusos.
