Por: La Redacción.
Culiacán, Sin., a 28 de septiembre del 2026.-La gestión de residuos sólidos en Sinaloa atraviesa por una crisis estructural caracterizada por la obsolescencia y el rezago histórico. Mientras el estado concentra su infraestructura formal en apenas tres rellenos sanitarios —ubicados exclusivamente en los municipios de Culiacán y Ahome—, entre 40 y 47 sitios de disposición final operan a cielo abierto y al margen de la NOM-083-SEMARNAT, evidenciando una grave vulneración a la normatividad ambiental federal y un riesgo latente para la salud pública.
El diagnóstico, expuesto por el ambientalista Joel Retamoza López y el diputado local Jorge González Flores, presidente de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado, pone al descubierto que la problemática rebasa la simple acumulación de basura: se trata de una deficiencia operativa generalizada que pone en riesgo el suelo, los mantos acuíferos y la calidad del aire en la mayor parte del territorio sinaloense.
El escenario descrito en la entidad expone contradicciones severas entre el marco legal existente y la realidad operativa de los ayuntamientos.
La existencia de la NOM-083-SEMARNAT establece lineamientos claros sobre la selección de sitios, control de lixiviados (líquidos contaminantes generados por la descomposición de la basura), manejo de gases y compactación de residuos. Sin embargo, la operación clandestina de decenas de tiraderos municipales sin geomembranas ni sistemas de impermeabilización demuestra que la regulación ambiental opera como letra muerta ante la complacencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Que el estado dependa de solo tres rellenos sanitarios formales deja a la deriva a la gran mayoría de los municipios, los cuales carecen de presupuesto, estrategia y capacidad técnica para cumplir con la ley. La falta de instalaciones regionales obliga a los ayuntamientos a improvisar basureros a cielo abierto que propician incendios recurrentes, proliferación de fauna nociva y la filtración de tóxicos hacia el subsuelo durante las temporadas de lluvias.
El anuncio del Congreso de incorporar el problema al análisis del Presupuesto de Egresos 2027 —con la intención de regularizar «al menos dos sitios»— resulta insuficiente ante la magnitud de la crisis. La ausencia de un inventario público transparente, de un calendario calendarizado de clausuras y de estimaciones de costos reales refleja que la política ambiental estatal se ha manejado históricamente mediante paliativos sexenales en lugar de una transición profunda hacia modelos de economía circular y valorización de residuos.
La disposición final de la basura en Sinaloa se ha convertido en una deuda ambiental y social acumulada. Mientras los gobiernos municipales sigan heredando tiraderos al aire libre y el Estado postergue la inversión en infraestructura metropolitana o regional, los costos sanitarios y ecológicos continuarán recayendo sobre las comunidades más vulnerables vecinas de estos focos de infección.
