Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Ciudad de México., a 14 de octubre del 2026.- En una ofensiva coordinada, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro personas y once entidades ligadas al Cártel del Noreste, exponiendo cómo la organización terrorista utilizaba el sector hípico, la construcción y el suministro de gas para infiltrarse en la economía formal y financiar la violencia transfronteriza.

En el marco de los esfuerzos bilaterales para desarticular la infraestructura financiera del crimen organizado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un contundente paquete de sanciones contra cuatro personas y once entidades vinculadas directamente con el Cártel del Noreste (CDN). Esta organización criminal, heredera de la sanguinaria estructura de Los Zetas, mantiene un bastión estratégico en Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo frente al cruce fronterizo por donde transita el 40% del comercio terrestre entre México y Estados Unidos.

La acción punitiva pone al descubierto cómo el cártel ha evolucionado más allá del narcotráfico tradicional, infiltrándose profundamente en sectores comerciales legítimos como las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción de obra pública y el mercado de energéticos para lavar capitales y corromper estructuras gubernamentales.

El informe del Departamento del Tesoro destaca que el lavado de dinero a través de las carreras de caballos cuarto de milla ha sido una táctica histórica de esta organización desde la era de sus fundadores, los hermanos Miguel Ángel («Z-40») y Óscar Omar («Z-42») Treviño Morales. Entre 2008 y 2012, la red criminal lavó más de 22 millones de dólares mediante la compra, entrenamiento y competencia de equinos en Estados Unidos, lo que derivó en la histórica confiscación de 455 caballos por parte del FBI en Oklahoma.

Hoy en día, esta operación mafiosa se perpetúa a través del Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo y controlado por el CDN. Este centro de apuestas operaba en una alianza estratégica con el Casino Centenario —cuyas actividades fueron suspendidas en abril de 2026 gracias a una acción coordinada entre la OFAC y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México— para permitir apuestas masivas vinculadas con los recursos de procedencia ilícita del cártel.

La investigación de la OFAC desmanteló una extensa red de empresas utilizadas para dar apariencia de legalidad a las finanzas del CDN, encabezada por el empresario mexicano Gamaliel Garza García y su hijo Gamaliel Garza Elías. Garza García opera como socio del cártel y compite frecuentemente con sus equinos de la Cuadra San Dibanh en hipódromos de México y Estados Unidos.

A través de su empresa insignia, Construcciones y Edificaciones Garza Elías SA de CV (CEGESA), y su proveedora de materiales Concretos y Productos Asfalticos del Norte (COPASA), la red integró verticalmente un esquema de corrupción donde obtenían contratos de obra pública de forma irregular en Tamaulipas y Nuevo Laredo —siendo de las pocas constructoras autorizadas por el cártel en la región— para después canalizar recursos y efectivo a las campañas políticas de sus candidatos predilectos.

Asimismo, el entramado corporativo sancionado incluye a empresas de combustibles y construcción como:

  • Construaceros del Fuerte, SA de CV
  • Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV
  • Distribuidora de Gas Económico, SA de CV
  • Gas Energía Confiable, SA de CV
  • Propane Trading Group, SA de CV
  • Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, SA de CV

El golpe financiero también alcanzó a operadores clave de la plaza de Nuevo Laredo, como Pablo César Guajardo Álvarez (alias «Takia»), identificado como jefe de plaza y exlíder de sicarios del CDN, vinculado al tráfico de armas y atentados contra funcionarios públicos. De igual forma, fue sancionada la empresa de transporte terrestre Tamex Leasing (Tamex) y su despachador Francisco Javier Inzunza Partida, tras detectarse que sus remolques eran utilizados para contrabandear cargamentos de cocaína ocultos en compartimentos modificados de tambores de freno hacia territorio estadounidense.

Ante esta ofensiva, el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió sobre la gravedad de la amenaza transfronteriza:

«La acción de hoy expone la explotación del sector hípico por parte del Cártel del Noreste para lavar dinero ilícito y financiar sus operaciones… El Departamento del Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, mantiene su compromiso de proteger el sistema financiero estadounidense del uso indebido por parte de cárteles violentos».

Las sanciones congelan todos los activos e intereses de las personas y empresas designadas bajo la jurisdicción de Estados Unidos, prohibiendo cualquier transacción comercial con ciudadanos o entidades estadounidenses bajo la amenaza de severas penas civiles y penales.

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