Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 3 de octubre del 2026.-— Ante una crisis de violencia de género que continúa cobrando vidas en el país, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, advirtió que el Estado mexicano tiene una deuda histórica y permanente con las víctimas y sus familias, por lo que la homologación del delito de feminicidio se mantiene como un eje prioritario en la agenda legislativa.
En el marco de la publicación de su Segundo Informe de Actividades Legislativas en la Gaceta Parlamentaria, Mier Velazco señaló que México no puede normalizar la violencia sistemática dirigida contra mujeres, adolescentes y niñas. Para combatir este fenómeno, destacó la aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir una legislación general enfocada en la prevención, investigación y sanción de este delito.
El senador subrayó que la dispersión de criterios jurídicos entre las entidades federativas ha representado históricamente un obstáculo para la justicia. En este sentido, la nueva ley general busca unificar el tipo penal, sus elementos constitutivos y las sanciones correspondientes, estableciendo una política nacional integral que obligue a la coordinación efectiva entre los distintos órdenes de gobierno.
El impulso de esta normativa se da en seguimiento a la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio. Dicha propuesta ha sido sometida a un proceso de parlamento abierto y mesas de trabajo multidisciplinarias realizadas el pasado mes de agosto.
En dichos encuentros participaron senadores, especialistas, instituciones públicas, organizaciones sociales, la academia, fiscalías y, de manera central, familiares de víctimas y sobrevivientes. En estos espacios se debatieron temas fundamentales como la prevención efectiva, las agravantes del ilícito, la atención integral para niñas y niños en situación de orfandad, el fortalecimiento de las medidas de protección y la homologación de los sistemas de información institucional.
Corresponderá ahora a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera integrar las conclusiones de estos foros en un dictamen definitivo. Sin embargo, el verdadero reto para el Estado no radicará únicamente en la aprobación de un nuevo marco legal en el Congreso, sino en la capacidad institucional para transformar estas leyes en políticas públicas funcionales que garanticen acceso a la justicia y frenen la impunidad que históricamente ha rodeado a la violencia feminicida en México.
