Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 19 de septiembre del 2026.- Ante una de las problemáticas sociales más lacerantes y persistentes en la entidad, organizaciones de la sociedad civil, personas desplazadas y autoridades de los tres niveles de gobierno llevarán a cabo el Primer Foro del ciclo “Diálogos de la Resistencia”, un espacio concebido para evaluar con lupa la respuesta institucional y las estrategias gubernamentales frente al desplazamiento forzado interno (DFI).
El encuentro se encuentra programado para realizarse el próximo 23 de septiembre a las 10:00 horas en la Sala Erasmo Palma de la Biblioteca Carlos Montemayor, ubicada en la capital del estado.
Este ejercicio de análisis se inserta como parte de las acciones impulsadas por la Misión Civil de Observación para el Desplazamiento Forzado en Chihuahua (MCO), un esfuerzo articulado desde la ciudadanía para visibilizar, aportar y colaborar en la atención de comunidades indígenas y mestizas de la Sierra Tarahumara que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de origen a consecuencia de la violencia y la profunda vulnerabilidad estructural.
De acuerdo con los organizadores, el objetivo central del ciclo es entablar un diagnóstico colaborativo sobre las causas, impactos y consecuencias del DFI, tomando como eje rector los hallazgos y recomendaciones contenidos en el informe de la MCO.
Durante el evento, representantes de instituciones públicas expondrán las acciones y estrategias implementadas por el Estado Mexicano en materia de prevención, atención y reparación del daño, las cuales supuestamente deben apegarse a los estándares internacionales de los principios rectores sobre el desplazamiento forzado.
Sin embargo, uno de los aspectos más esperados y nodales del foro será la participación activa de las propias personas desplazadas, así como de sus asesores legales, acompañantes y expertos en la materia. Este bloque evaluará de manera crítica la viabilidad, funcionalidad y sostenibilidad de las respuestas gubernamentales, buscando garantizar que la corresponsabilidad institucional se traduzca en una atención integral, digna y con pleno respeto a los derechos humanos y colectivos de las poblaciones afectadas.
