Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 31 de octubre del 2026.- A pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de José Alfredo Hernández Casillas y de la empresa Cajas Graf por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tribunales federales echaron abajo la medida. Años después, la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) le otorgó un millonario contrato por casi 200 millones de pesos.
El entramado de presunto tráfico de influencias y asignaciones de contratos en el Instituto Nacional Electoral (INE) bajo la gestión de Guadalupe Taddei Zavala tiene un antecedente financiero y judicial de alto riesgo. El empresario José Alfredo Hernández Casillas —señalado por mantener una presunta relación sentimental con la exconsejera presidenta— logró evadir un bloqueo masivo de cuentas bancarias impuesto en 2023 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual lo investigaba por operaciones con recursos de procedencia ilícita y terrorismo.
Pese a los intentos del organismo hacendario por mantener el congelamiento de recursos en instituciones como Santander, Scotiabank y Citibanamex, instancias del Poder Judicial federal ampararon a los empresarios y ratificaron el desbloqueo de sus cuentas entre 2024 y 2025. Con el camino legal despejado, al año siguiente la empresa Cajas Graf —representada por Hernández Casillas— recibió de manos de Taddei Zavala un contrato por 198.7 millones de pesos para proveer material destinado a la elección judicial.
De acuerdo con los expedientes judiciales consultados, la UIF —encabezada entonces por Pablo Gómez— emitió en 2023 el acuerdo 401/2023 para ordenar el bloqueo de las cuentas de José Alfredo Hernández Casillas, su hermano Raymundo Francisco y la persona moral Cajas Graf. La medida se sustentó en acuerdos internacionales para combatir el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero, tras detectar movimientos financieros inusuales que no correspondían a actividades comerciales lícitas.
Sin embargo, los hermanos Hernández Casillas interpusieron juicios de amparo ante juzgados federales en la Ciudad de México, los cuales ordenaron levantar el aseguramiento de los capitales. Aunque la UIF apeló las resoluciones argumentando tratados internacionales contra el terrorismo y operaciones ilícitas, los magistrados del Sexto, Noveno y Décimo Quinto Tribunales Colegiados de Circuito desecharon los alegatos gubernamentales. Los tribunales determinaron que no existía una solicitud internacional directa que justificara el bloqueo bajo esos términos específicos, dejando firme el fallo inapelable en 2024.
La resolución judicial que liberó las finanzas del empresario abrió la puerta para que, en 2025, la administración de Guadalupe Taddei otorgara el millonario contrato a Cajas Graf para la producción de insumos de la elección judicial, un hecho que detonó un escándalo mayúsculo al revelarse públicamente videos en los que aparece la exfuncionaria electoral acompañada de Hernández Casillas y de su propio hijo.
El caso ha escalado profundamente en el ámbito político e institucional, derivando en comparecencias ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, expedientes abiertos por conflicto de interés, la remoción de funcionarios cercanos a la expresidenta y severos cuestionamientos desde el Poder Ejecutivo sobre la pérdida de confianza en la gestión de los órganos electorales.
El caso de Cajas Graf y el blindaje financiero obtenido por el contratista favorito de la cúpula electoral pone de relieve fallas estructurales críticas en el sistema de fiscalización y rendición de cuentas en México.
Mientras la inteligencia financiera detecta operaciones de alto riesgo ligadas a recursos de procedencia ilícita, los criterios restrictivos de los tribunales colegiados terminan por priorizar tecnicismos jurídicos que blindan el capital de personajes investigados, anulando las herramientas de contención patrimonial del Estado.
Resulta indefendible que un proveedor con antecedentes de investigación por lavado de dinero en el sistema financiero mexicano haya accedido a un contrato multimillonario en el INE, evidenciando la falta de filtros de integridad corporativa y los graves riesgos de opacidad en las compras públicas del órgano electoral.
El escándalo en torno a los contratos de Cajas Graf y la relación de la exconsejera presidenta fractura la legitimidad del árbitro electoral, demostrando que la opacidad administrativa y la protección de intereses particulares terminan por subordinar las responsabilidades de Estado a redes de complicidad personal.
