Por: La Redacción.
Culiacán, Sin., a 31 de octubre del 2026.- Frente a la crisis de seguridad que estrangula al estado desde septiembre de 2024, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Marina (Semar), oficializó este sábado el despliegue de mil 600 uniformados navales adicionales en territorio sinaloense. La medida responde a la escalada de homicidios y a la violencia desatada por la fractura interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos.
El anuncio se da tras la visita del almirante y secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, quien se reunió en la entidad con la gobernadora Graciela Domínguez Nava y cúpulas del sector empresarial para evaluar la reactivación económica y turística, particularmente en el puerto de Mazatlán.
El nuevo movimiento de tropas ocurre días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitiera públicamente un repunte sostenido en el número de homicidios en Sinaloa, focalizado de manera crítica en los últimos dos meses y semanas recientes.
Esta crisis de violencia ha estado marcada por operativos de alto perfil y choques armados, como el registrado el pasado lunes en el municipio de Sinaloa, donde murieron dos presuntos operadores del crimen organizado, entre ellos Jesús González Peñuelas, alias Chuy Peñuelas —identificado como líder del Cártel de Guasave y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares—.
La disputa territorial que mantiene colapsado al estado estalló en septiembre de 2024, detonada por la captura en Estados Unidos de Ismael El Mayo Zambada. Desde entonces, las sucesivas estrategias de reforzamiento federal —que incluyeron el envío de mil 800 elementos adicionales informado apenas el pasado 15 de septiembre— han chocado con una inercia delictiva que continúa cobrando vidas y paralizando comunidades.
Durante los encuentros entre la Semar y los sectores productivos locales se puso énfasis en la necesidad de blindar las carreteras, playas y zonas turísticas de Mazatlán, buscando reactivar la economía circular y la inversión. Sin embargo, la estrategia de militarizar los enclaves turísticos pone sobre la mesa dilemas complejos sobre la naturaleza de la intervención.
El envío constante de miles de elementos navales y castrenses evidencia que los cuerpos de seguridad civil locales carecen de la capacidad operativa y de inteligencia para contener la confrontación entre cárteles, convirtiendo el despliegue federal en una medida de contención indefinida.
Proteger las zonas de playa y los corredores comerciales de Mazatlán es vital para evitar el colapso financiero de la región, pero corre el riesgo de crear «burbujas de seguridad» mientras el resto del territorio rural y las periferias urbanas permanecen a merced de los grupos armados.
A pesar de las detenciones de objetivos prioritarios y de la llegada acumulada de miles de efectivos en los últimos años, la estructura criminal demuestra una alta capacidad de recomposición y reemplazo, cuestionando si la fuerza militar por sí sola es suficiente para pacificar el estado sin una estrategia integral de desarticulación financiera y combate a la corrupción institucional.
El nuevo contingente naval busca devolver la confianza a las familias y recuperar los espacios públicos, pero el reto de fondo sigue siendo transformar los operativos de reacción en una paz duradera que desmantele las raíces de la violencia en Sinaloa.
