Por: La Redacción.
Durango, Dgo., a 28 de septiembre del 2026.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Durango reconoció la persistencia de una «alta vulnerabilidad» y múltiples deudas institucionales en la protección de las garantías fundamentales de los pueblos originarios. Sin embargo, el bajo número de quejas formales presentadas ante el organismo saca a la luz las barreras estructurales de acceso a la justicia que enfrentan las comunidades indígenas en la entidad.
La presidenta de la CEDH, Karla Obregón Avelar, admitió que tanto el Estado como la sociedad mantienen pendientes históricos con esta población. No obstante, argumentó que la escasez de expedientes formales no refleja una ausencia de violaciones, sino la necesidad de reforzar la presencia en territorio mediante capacitaciones y visitas de supervisión en zonas de alta concentración indígena, como el municipio del Mezquital.
Asimismo, la titular del organismo destacó acciones puntuales, como el acompañamiento a reclusos de origen indígena en el Centro de Reinserción Social (CERESO) —donde aseguró que no se detectaron maltratos a pesar del hacinamiento generalizado—, la gestión de apoyos técnicos y la presencia de una visitadora comunitaria en la localidad de Huazamota.
A pesar de las gestiones institucionales que destaca la CEDH, el panorama planteado revela contradicciones severas entre el discurso de acompañamiento y la realidad que viven las comunidades originarias:
Atribuir la falta de denuncias a una presunta estabilidad en el respeto a los derechos humanos ignora el fenómeno del subregistro. La dispersión geográfica, las brechas lingüísticas, el desconocimiento de las vías institucionales y la desconfianza histórica hacia la burocracia estatal operan como filtros que impiden a las personas indígenas formalizar sus reclamos ante las autoridades capitalinas.
El hecho de que la presidenta de la CEDH ejemplifique la atención a los pueblos originarios con la gestión de «sillas de ruedas o muletas» evidencia una visión asistencialista que desvía la atención de las violaciones sistémicas. Los reclamos de fondo —como la falta de acceso a la salud, las fallas de servicios básicos por semanas, la marginación educativa y el despojo territorial— no se resuelven con gestión de apoyos funcionales ni con visitas bianuales.
Sostener que no existen vulneraciones hacia la población indígena privada de la libertad en el CERESO, al tiempo que se reconoce abiertamente que el centro padece hacinamiento, resulta incongruente. La sobrepoblación penitenciaria vulnera por sí misma los derechos a la dignidad, la salud y la reinserción social, afectando con mayor severidad a quienes carecen de traductores, defensa técnica en su lengua o recursos para el seguimiento de sus procesos.
La labor de la CEDH no puede limitarse a la capacitación esporádica o al asistencialismo en coyunturas penitenciarias. Para revertir la vulnerabilidad de los pueblos originarios en Durango se requiere una presencia permanente en las comunidades, la garantía de traductores en todas las instancias del Ministerio Público y una postura crítica que exija al Estado resolver la carencia de servicios e infraestructura básica que aqueja a la zona serrana.
