Por: La Redacción.
Hermosillo, Son., a 31 de octubre del 2026.- Tras la revisión de la Cuenta Pública 2025, el órgano fiscalizador detectó desvíos e inconsistencias que incluyen pagos a personal fallecido, comisionados sindicales y políticos con doble plaza.
La opacidad y el desorden administrativo en el manejo de los recursos públicos federales en Sonora quedaron al descubierto tras la presentación del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente a la Cuenta Pública 2025. El organismo fiscalizador determinó que el Gobierno del Estado debe aclarar un monto total de 79 millones 589 mil 693 pesos, derivados de irregularidades detectadas en las secretarías de educación y salud.
De una bolsa total auditada de más de 19 mil millones de pesos transferidos por la federación, la ASF emitió decenas de observaciones de las cuales 17 permanecen sin solventar, revelando un esquema de pagos improcedentes, aviadores y nóminas infladas.
El grueso de las observaciones —que asciende a 71 millones 028 mil 610 pesos— se concentra en la Auditoría 1893 del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). El desglose de los hallazgos expone prácticas recurrentes de simulación y desvío de recursos humanos en el sector educativo:
Se detectó el desembolso de 498 mil 463 pesos a favor de un trabajador del sector educativo que contaba con un registro de defunción oficial en las bases de datos de la Secretaría de Salud.
La ASF ubicó pagos a 53 trabajadores que realizaban actividades en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sin contar con funciones acreditadas en educación básica y normal, así como a 35 personas que cobraron durante periodos en los que tenían concedida una licencia sin goce de sueldo.
Se descubrieron pagos a 28 empleados con plazas en centros de trabajo con ubicaciones geográficas totalmente incompatibles, además de 20 personas que cobraron en el sector educativo mientras ocupaban un cargo de elección popular sin cumplir labores docentes. Asimismo, se detectaron depósitos a trabajadores adscritos a planteles no autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
El resto de los recursos observados se divide en dos rubros críticos:
- Educación Tecnológica (Conalep): La Auditoría 1892 detectó anomalías por 8 millones 268 mil 974 pesos, correspondientes a pagos improcedentes a 18 trabajadores que carecían de la documentación y el perfil académico obligatorio para desempeñar los puestos que ostentaban.
- Sector Salud: En la auditoría integral de recursos federalizados se detectaron pagos excedentes por 292 mil 107 pesos a 73 trabajadores, operados con recursos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013).
Adicionalmente, el informe de la ASF documentó que el gobierno estatal debió realizar reintegros a la Tesorería de la Federación por un monto de 68 millones 310 mil 198 pesos derivados de malas prácticas en la aplicación de los fondos.
El informe de la ASF sobre Sonora refleja vicios estructurales arraigados en la administración pública estatal que laceran directamente el erario federal entre las cuales se encuentran recursos destinados a la educación básica terminen financiando a operadores políticos con cargos de elección popular o a personal comisionado sin funciones escolares evidencia el uso clientelar de la nómina educativa.
Así como pagos a trabajadores con actas de defunción activas en los registros oficiales demuestran fallas imperdonables en los controles internos de las secretarías estatales, donde los filtros de fiscalización brillan por su ausencia.
Los pliegos de observaciones y promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias (PRAS) emitidos por la ASF no deben quedar en simples exhortos burocráticos; la exigencia ciudadana exige castigos ejemplares y la restitución inmediata de los recursos públicos por parte de los funcionarios responsables.
