Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Panamá., a 29 de octubre del 2026.- Las comunidades de Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo llevaron a Panamá el testimonio de 15 años de despojo, contaminación con coliformes fecales y sentencias judiciales pisoteadas por los gobiernos federal y del Estado de Chihuahua.
En las postales turísticas que el gobierno vende al mundo, el Parque de Aventura Barrancas del Cobre es un escaparate de lujo, tirolesas extremas y vistas majestuosas. En la realidad cotidiana de los pueblos originarios que han habitado esas tierras por siglos, el megaproyecto se traduce en despojo, sed, marginación y un río de aguas residuales sobre su territorio sagrado.
Este jueves 29 de octubre de 2026, la voz en lengua ralámuli resonó con dignidad en la sede del 197º Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Ciudad de Panamá. Ante el Pleno del organismo internacional, autoridades y representantes de las comunidades de Bacajípare, Huitosachi y Mogótavo —acompañadas por la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y Awé Tibúame— pusieron al descubierto la desmemoria y el desacato en el que incurren los tres niveles del Estado mexicano.
A pesar de contar con fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Estado no ha reparado el daño, no ha frenado el impacto ambiental ni reconoce la autonomía de las comunidades para decidir sobre sus propios territorios.
El testimonio presentado ante la CIDH no fue solo técnico ni legal; fue una radiografía humana del dolor provocado por el llamado «progreso». Las comunidades narraron cómo el desarrollo del parque turístico quebrantó su vida comunitaria y su equilibrio ancestral.
La representación legal expuso ante los comisionados internacionales la brutal presión institucional ejercida contra la comunidad de Huitosachi: en lugar de integrarla al desarrollo o compartir los beneficios económicos del complejo, las autoridades pretenden convertir su territorio ancestral en el vertedero de aguas residuales y desecho sólido del turismo, imponiéndoles además una planta tratadora.
Durante la audiencia, la proyección de evidencias dejó en evidencia la crudeza de la contaminación. La Comisionada de la CIDH, Gloria Monique de Mees, encaró directamente a la delegación mexicana tras observar los videos de los arroyos contaminados con coliformes fecales:
“¿Ustedes beberían el agua de esos ríos y arroyos?”, cuestionó la comisionada.
La respuesta del Embajador de México ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez, fue el reconocimiento implícito de una tragedia ambiental: admitió que esa agua no es apta para el consumo humano. Minutos después, la comisionada Marion Bethel remató el cuestionamiento con una interrogante que exhibió la improvisación y negligencia histórica de las autoridades de Chihuahua y del Gobierno Federal:
“¿Cómo es posible que un proyecto turístico de tal magnitud no haya contemplado desde un inicio el manejo de aguas negras y desechos sólidos?”
Pese a la contundencia de las pruebas, la delegación oficial integrada por representantes del Gobierno de México y del Gobierno del Estado de Chihuahua se negó a reconocer formalmente las violaciones a los derechos comunitarios e indígenas cometidas a lo largo de tres décadas.
Más allá del discurso oficial que calificó al proyecto como un «desarrollo muy desigual», la representación gubernamental justificó la falta de reparto de beneficios asegurando a la CIDH que el complejo turístico «no genera utilidades». Una afirmación que resulta insostenible frente al constante flujo de visitantes nacionales e internacionales que pagan tarifas en dólares para recorrer la Sierra Tarahumara.
Las comunidades respondieron con claridad: no están dispuestas a aceptar diálogos simulados en un Consejo Consultivo que opera como trampa dilatoria mientras el agua sigue contaminándose y la sentencia de la Suprema Corte continúa acumulando polvo en los escritorios institucionales.
La comparecencia en Panamá marca un punto de inflexión. El caso de las Barrancas del Cobre condensa la matriz del colonialismo interno y turístico en México: una política pública que despoja a los pueblos originarios de sus bienes comunes para entregárselos a la industria del entretenimiento, ofreciéndoles como único papel en la ecuación el de empleados precarizados o receptores de basura.
Que el Estado mexicano presuma su apego al Estado de derecho en foros internacionales mientras ignora abiertamente las ejecutorias de su propia Suprema Corte sienta un precedente gravísimo de impunidad institucional.
Reconocer el «desarrollo desigual» en el discurso ya no basta. Si el Parque Aventura no genera ganancias —como sostuvo la autoridad—, se demuestra la ineficiencia del modelo administrativo; si las genera y las oculta, se está ante un acto de opacidad y despojo financiero en perjuicio de los verdaderos dueños de la tierra.
El esfuerzo de los líderes de Bacajípare, Mogótavo y Huitosachi de recorrer miles de kilómetros para hablar en su lengua materna ante un Pleno internacional demuestra que la resistencia rarámuri no cederá ante promesas vacías ni presiones presupuestales.
La CIDH se encuentra en la fase final para emitir su Informe de Fondo. En él, se prevé la determinación de la responsabilidad internacional del Estado mexicano y el establecimiento de medidas cautelares y de reparación integral obligatorias. Para la Sierra Tarahumara, no se trata solo de dinero o licitaciones: se trata del derecho fundamental a beber agua limpia, a caminar su tierra sin ser despojados y a ser respetados en su propia casa.
