Por: Sandra Dueñas Monárrez
Cuauhtémoc, Chih., a 26 de octubre de 2026.- La crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara escaló este lunes a un conflicto directo con el Gobierno del Estado. Un contingente de aproximadamente 50 familias campesinas e indígenas de los municipios de Moris y Uruachi, respaldadas por el activista social Víctor Quintana Silveyra y el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos (COSIDAC), ingresaron y tomaron de manera pacífica el Fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado en Cuauhtémoc.
La acción de protesta se ejecutó de forma simultánea a la presentación de una demanda legal formal para anular la subasta mediante la cual la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (COESVI) adjudicó el inmueble a una empresa particular.
Los motivos de la toma: Desatención institucional y exigencia de vivienda
De acuerdo con Víctor Quintana, la ocupación del fraccionamiento responde a la falta absoluta de respuesta por parte de las autoridades municipales y estatales ante la emergencia habitacional que padecen estas familias. Los afectados llevan más de dos años viviendo en condiciones de precariedad tras haber perdido sus hogares, parcelas de siembra y ganado a manos del crimen organizado en la zona serrana.
«La gente estuvo demandando una y otra vez que se les vendieran esas viviendas de buena fe y a crédito individual. No pedían que se las regalaran, sino una oportunidad de pagarlas de acuerdo con sus posibilidades. Al negarles el acceso y rematarlas a una inmobiliaria, no les dejaron otra alternativa», sostuvo el representante del COSIDAC.
Las irregularidades denunciadas en el recurso jurídico
El Comité de Personas y Familias Desplazadas, asesorado jurídicamente, interpuso ante el Comité de Enajenaciones de la COESVI el recurso de nulidad contra la subasta celebrada en junio pasado, en la cual resultó ganadora la empresa Inmobiliaria AGH.
La demanda legal expone tres presuntas irregularidades estructurales en el proceso de enajenación:
La COESVI enajenó un paquete de 165 viviendas a un privado por un costo unitario aproximado de 276 mil pesos por casa, otorgando facilidades de pago (un enganche de 4.5 millones de pesos y el resto a un año), lo que permite a la empresa comercializarlas posteriormente en el mercado libre entre 800 mil y un millón de pesos por unidad.
Se acusa a la dependencia estatal de omitir respuestas formales a los oficios de compra presentados por los desplazados, además de señalar una deficiente o nula difusión de la convocatoria pública en la región de Cuauhtémoc.
La venta a plazos careció de la autorización previa del Congreso del Estado. Asimismo, se documentó que la empresa ganadora presuntamente violó las bases de la licitación al realizar trabajos de acondicionamiento y propaganda en el predio antes de formalizar la escrituración.
El choque entre la especulación inmobiliaria y la crisis humanitaria
La toma del fraccionamiento en Cuauhtémoc y el litigio contra la COESVI ponen al descubierto una contradicción crítica en la gestión pública estatal: la priorización de esquemas de enajenación comercial frente a la urgencia de atender el desplazamiento forzado interno, una problemática agravada por la violencia en la Sierra Tarahumara.
Mientras el gobierno estatal argumenta procesos administrativos de subasta bajo normativas de enajenación de bienes, las familias desplazadas evidencian un agravio estructural donde el patrimonio habitacional público termina subutilizado o entregado bajo condiciones financieras sumamente ventajosas a particulares, marginando a las víctimas de la delincuencia organizada que reclaman acceso a la vivienda asequible.
Este conflicto coloca a la administración de COESVI y al Gobierno del Estado ante la disyuntiva de sostener una operación inmobiliaria cuestionada legalmente o abrir una mesa de diálogo resolutiva que atienda de fondo la crisis humanitaria de las comunidades serranas.
