Por: La Redacción.
Ciudad de México., a 27 de septiembre del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que la modificación en la medida cautelar otorgada al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel —quien abandonó el Penal del Altiplano para ser trasladado a prisión domiciliaria en Ensenada— no interrumpe ni debilita la causa penal que se sigue en su contra por presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible («huachicol fiscal»).
En un comunicado emitido este domingo, la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos enfatizó que la salida de prisión del político panista responde únicamente a una concesión otorgada por una jueza federal derivada de su edad avanzada y estado de salud, y no a una desestimación del caso. La FGR insistió en que el expediente cuenta con «datos de prueba contundentes» sobre la presunta vinculación de la empresa Ingemar —de la cual Ruffo es socio principal— con esquemas de contrabando de hidrocarburos mediante ferrotanques y operaciones portuarias.
Asimismo, la dependencia se deslindó de responsabilidades operativas respecto a la reclusión previa, señalando que la prisión preventiva oficiosa que mantuvo al exmandatario en Almoloya de Juárez desde el pasado 16 de julio era de aplicación constitucional obligatoria para este tipo de delitos.
Aunque la postura de la representación social busca proyectar firmeza institucional, el comunicado de la FGR expone varios matices políticos y técnicos que merecen un análisis riguroso:
Al remarcar que la prisión preventiva oficiosa «no es a criterio del Ministerio Público», la FGR intenta atajar las críticas públicas por la reclusión de un adulto mayor y, simultáneamente, mitigar la percepción de un revés judicial tras la orden de traslado emitida por la jueza.
La fiscalía alude a incongruencias millonarias en el perfil fiscal de la empresa Ingemar como eje de la acusación. Sin embargo, en el ámbito del derecho penal, las discrepancias financieras administrativas deben vincularse de manera directa e inobjetable con la estructura operativa del contrabando de combustible, una prueba sintáctica que la FGR deberá sostener sólidamente en la fase de juicio sin depender de la figura de la prisión preventiva como mecanismo de contención.
La persecución penal de un personaje histórico de la oposición —primer gobernador no priista en la historia moderna de México— bajo la bandera del combate al «huachicol fiscal» coloca el caso en el centro de la agenda pública. La garantía de un debido proceso libre de sesgos mediáticos y la transparencia en el desahogo de las pruebas resultarán indispensables para evitar que el procedimiento sea percibido como un uso selectivo de la justicia.
El traslado de Ernesto Ruffo a su domicilio marca el inicio de una nueva etapa en el litigio, donde la fiscalía deberá demostrar ante los tribunales la consistencia de sus imputaciones más allá del debate cautelar.
