Por: La Redacción.
Hermosillo, Son., a 13 de octubre del 2026.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció que la entidad contará con respaldo de la Federación para la construcción de un nuevo centro penitenciario en Hermosillo. La medida busca despresurizar el sistema penitenciario estatal, golpeado por un serio problema de sobrepoblación y saturación de las instalaciones actuales.
Durante su conferencia semanal, el mandatario estatal confirmó que su administración ya presentó varias opciones de predios para albergar la obra, las cuales han sido validadas en su mayoría por las autoridades federales, aunque admitió que aún no existe una decisión definitiva sobre la ubicación final. Pese al anuncio del respaldo federal —enmarcado dentro del plan nacional de infraestructura penal presentado recientemente por la Presidencia de la República—, el Gobierno de Sonora no precisó la inversión estimada, el calendario de ejecución ni la fecha de inicio de los trabajos.
Durazo Montaño atribuyó la saturación del sistema penitenciario al aumento en el cumplimiento de órdenes de aprehensión pendientes contra presuntos generadores de violencia que permanecían en libertad. De acuerdo con el gobernador, el encarcelamiento de estos objetivos prioritarios ha presionado la capacidad instalada de los centros de reinserción social (Ceresos), por lo que urgió la habilitación de nueva infraestructura para mantener condiciones de gobernabilidad y respeto a las personas privadas de la libertad.
Es importante precisar que tras anunciar esta obra de alta seguridad aún no se define ni el terreno, el costo total ni las fechas de inicio, esto ocurre en medio de una sobrepoblación carcelaria es un problema que exige respuestas presupuestales concretas y no únicamente declaraciones de intención coordinadas con la Federación.
Mientras se resuelven los trámites burocráticos y la construcción del penal —que a nivel federal se proyecta hacia 2028—, las cárceles de Sonora continúan operando al límite. El riesgo de motines, riñas o enfrentamientos internos se mantiene latente mientras no existan medidas paliativas inmediatas de gobernabilidad y control de riesgos.
Si bien la ejecución de órdenes de aprehensión es una obligación legal, depender exclusivamente del aumento de la capacidad penitenciaria evidencia las limitaciones del sistema de justicia. Sin una política integral de reinserción social y de agilización de procesos judiciales para personas sin sentencia, construir más cárceles corre el riesgo de ser un paliativo temporal frente a un problema estructural.
